ParlaMint-ES_2017-03-16-CD170316.u1	Señorías, se reanuda la sesión. Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías...[[Rumores]] Señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13, procedimiento de infracción 2009/4052. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.
ParlaMint-ES_2017-03-16-CD170316.u2	Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, comparezco en esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero. Mediante este real decreto-ley se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Esta sentencia condena al Reino de España por considerar que el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación de mercancías contraviene el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión sobre libertad de establecimiento. Esto es así porque impone a las empresas que deseen desarrollar la actividad fundamentalmente dos obligaciones. La primera es que tienen que participar en el capital de una sociedad anónima de gestión de estibadores portuarios. La segunda es la obligación de la contratación del personal de esa Sagep. O dicho de otra forma, lo que dice la sentencia es que en este país una empresa tiene que poder contratar libremente a sus trabajadores y que además una persona en situación de desempleo -sea hombre o mujer, esté en Algeciras, en Bilbao o en Valencia- pueda tener también una oportunidad laboral, si cumple con los requisitos de capacitación adecuados. Hoy supongo que habrá un largo debate sobre este real decreto-ley y se dirán muchas cosas, pero en esencia lo que dice este real decreto-ley es simple y llanamente esto: que en España las empresas puedan contratar de forma libre a sus trabajadores en el sector de la estiba. Eso ha provocado una situación en el sector que está avalada por informes de distintos organismos y que hablan sobre la falta de productividad. Yo no me centraré en esta cuestión pero sí resaltaré un par de datos y es que esos costes están muy por encima de costes laborales de otras actividades logísticas y tienen un peso muy importante en el conjunto de las mercancías, cerca del 50 % en la manipulación, descarga y carga de esas mercancías. En segundo lugar, quisiera decir que la aprobación y la tramitación de este real decreto-ley no ha sido la aprobación y la tramitación de un real decreto-ley cualquiera, por tres motivos. Primero, porque no estamos ante una norma que aprueba el Gobierno de España por una decisión política libre de cualquier condicionamiento -por más que obviamente coincidamos en lo que acabo de mencionar en relación a la potestad que tienen las empresas para poder contratar libremente a sus trabajadores-, sino que estamos obligados como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena al Reino de España, y por lo tanto es este Congreso de los Diputados, esta Cámara, la que está obligada a la modificación legal por la existencia de esa sentencia condenatoria. El Gobierno ha hecho su parte, el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y el Gobierno estaba obligado a hacer lo que ha hecho. Ahora le corresponde dar respuesta a este Congreso, que tiene la misma responsabilidad que puede tener el Gobierno, porque, insisto, estamos hablando de una sentencia contra el Reino de España. Por tanto, tiene la misma responsabilidad para evitar que este sea el primer incumplimiento del Reino de España del Tratado de la Unión Europea, así como la importante multa -ahora me referiré a ello- a la que, de no convalidarse este real decreto y caer la segunda sentencia, tendrán que hacer frente el conjunto de los españoles. La segunda razón por la que es distinta a la tramitación de otro tipo de reales decretos-leyes es la urgencia. Como acabo de mencionar, está a punto de caer la segunda sentencia, como ha puesto de manifiesto la propia comisaria de Transporte de la Unión Europea en este Congreso de los Diputados cuando se reunió en la Comisión de Fomento con los diferentes grupos políticos. La multa supondrá, por un lado, una suma a tanto alzado de 27.522 euros al día desde la fecha de la primera sentencia hasta el día de hoy, si aprobáramos y convalidáramos el real decreto -aunque, en su caso, se produciría un desistimiento por parte de la Comisión-, o hasta el día en que caiga la segunda sentencia. En cualquier caso, en estos momentos esa deuda ya está cerca de 23 millones de euros, que estamos todavía en disposición de no tener que pagar si se convalida el real decreto-ley. Por otro lado, supondrá una multa coercitiva, a partir de esta sentencia que está a punto de caer, de 134.107 euros al día. Son 134.000 cada día. Es importante que entendamos que eso solo se detendrá en el momento en el que se produzca la modificación legal. He oído decir en muchas ocasiones que esta multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ascendía a 23 millones de euros. Esto es así hasta hoy, pero puede ser de cien, puede ser de mil y puede ser lo que ustedes, señorías, quieran que sea, hasta que se apruebe definitivamente en esta Cámara la modificación legal. Lo que sí sabemos, porque ya hemos recibido la contestación por escrito tanto por parte de los servicios de la Comisión Europea como por parte de la misma comisaria de Transportes, es que de convalidar hoy este real decreto-ley se evitaría la sentencia, porque desde el gabinete que dirige la comisaria se elevaría la propuesta de desistimiento y, con ello, no tendríamos que pagar la multa que en estos momentos devengamos, ni por supuesto la multa coercitiva que vendría después. Por tanto, esa urgencia también diferencia la tramitación de este real decretoley de otros que puedan venir a esta Cámara. La tercera de las razones es la capacidad de poder negociar los términos del real decretoley. Como saben ustedes, en un real decretoley de otro tipo el Gobierno tiene margen y capacidad para poder maniobrar con grupos políticos y con sectores sociales y económicos. En este caso, hay una limitación clara, determinante y contundente de la Comisión Europea, que es la garante del Tratado y responsable de la decisión de desestimar y la que establece cuáles tienen que ser los límites en los que debe enmarcarse ese real decretoley. Por tanto, el Gobierno no ha tenido el margen ni la libertad que puede establecer en otros casos para decidir libremente los términos del mismo. El proceso ha estado marcado permanentemente por las propias limitaciones que establecía la Comisión Europea, como se puede acreditar en las numerosas reuniones, correos, cartas e informes, a los que también me referiré. Hemos oído a lo largo de estos meses que si la Comisión Europea no tenía la capacidad para poder hacer esto, que si no era la que tenía que velar y tenía la potestad para poder desistir, que si esto era una cosa de funcionarios. Yo creo que nada de eso era cierto, y además ha quedado así ratificado por la propia comisaria, que ha confirmado públicamente que en el proceso que se está siguiendo la capacidad de la Comisión está en línea con lo que el Gobierno viene sosteniendo desde el primer momento. En cualquier caso, lo que presenta este real decreto-ley es el cumplimiento estricto de la sentencia, como así ha manifestado la propia Comisión Europea, y la flexibilización al máximo de los términos de la misma a favor de los trabajadores. A continuación hablaré un poco del proceso que ha llevado a este real decreto-ley; un proceso de diálogo, porque a pesar de que se viene diciendo que las negociaciones se han abierto en estas últimas semanas o en estos últimos meses, lo cierto es que ese proceso de negociación lleva ya dos años produciéndose con los agentes sociales y con el sector empresarial, con la mirada puesta en alcanzar un acuerdo, dentro, por supuesto, de las limitaciones que establece el cumplimiento de la propia sentencia y la Comisión Europea. Así, en primer lugar, ya en el año 2012, dos años antes de la sentencia, a partir de la carta de emplazamiento que se recibió por parte del Gobierno y con el objetivo de evitar su remisión al tribunal por parte de la Comisión, se realizaron las primeras convocatorias a sindicatos y patronal para tratar de consensuar las respuestas a la Comisión. Pero esa posibilidad quedó coartada en la creencia de algunos de que realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a ratificar la legalidad del modelo español de estiba y su compatibilidad con la normativa europea. Finalmente, como ustedes saben, esto no fue así. En segundo lugar, en los años 2015 y 2016, después de la sentencia del año 2014, se han mantenido numerosas reuniones, tanto formales como informales, con los agentes sociales y con el sector empresarial. Se han intercambiado propuestas, se han analizado jurídicamente dichas propuestas por parte de los servicios del Estado, se han remitido a la Comisión Europea, y esto es importante destacarlo porque es cierto que se habían producido documentos en los que había un cierto acuerdo, pero también es cierto que muchos de los términos de esos documentos, una vez que se trasladaron a la Comisión Europea, fueron eliminados porque se entendía que no cumplían con la normativa y que vulneraban el contenido de la propia sentencia; en definitiva, porque seguían manteniendo de facto muchos de los aspectos del actual statu quo de la estiba. Por lo tanto, la negociación ha venido realizándose a lo largo de estos dos años para intentar buscar un acuerdo. También se ha dicho que se estaba a punto de alcanzar un nuevo acuerdo y que en ese momento ha actuado el Ministerio de Fomento. Esto ha sido negado por la propia patronal, por Anesco, y en cualquier caso los términos en los que se estaba estableciendo ese acuerdo no se diferenciaban mucho de otros acuerdos, y ya sabemos cuál ha sido la respuesta por parte de la Comisión Europea a su contenido. Por lo tanto, quiero insistir en que ha habido muchas reuniones, cerca de veinte o treinta contactos formales e informales, con las distintas partes del sector por parte del secretario de Estado, por parte del ministerio, para intentar llegar a un acuerdo que tuviera cabida en el ámbito de la sentencia. Por fin, con el arranque también de este proceso, se han mantenido reuniones en las que yo mismo he tenido la oportunidad de participar. La conclusión de todo este proceso largo de negociación y de acuerdo, vuelvo a repetir, es que había partes que se mantenían en una serie de aspectos que se consideraban esenciales y que la Comisión reiteraba una y otra vez que no era posible incorporar en este real decreto-ley; esto es importante señalarlo. Por poner un ejemplo, el asunto vinculado al registro, a la lista contingentada, una lista a la que tengan que acudir de manera obligatoria o de manera preferente las empresas para la contratación. Durante todo este tiempo, la Comisión Europea ha sido tajante con este asunto. No se puede realizar ningún tipo de restricción a la contratación por parte de las empresas. Por tanto, a pesar de que también se ha sostenido durante un tiempo que el registro era posible, que la Comisión lo podía permitir, no fue hasta que no sacamos el informe en el que la Comisión Europea establecía con claridad que no se iba a permitir ese registro cuando se ha empezado a realizar otro tipo de estrategia, cambiando el nombre del registro por otro tipo de nombres, una mutación de la denominación que no cambia el asunto. Se denomine registro, lista, pool de trabajadores o como se le quiera llamar, lo que es absolutamente claro, tal y como además explicó la comisaria en esta Cámara, es que cualquier tipo de lista que exista tiene que ser una lista a la que acudan de manera voluntaria las empresas para poder contratar libremente. En ese sentido quiero recordar que en el real decreto-ley están contemplados los centros portuarios de empleo, que son unas ETT especializadas para el sector portuario y que suponen de por sí una lista no contingentada. Incluir esto en real decreto-ley tampoco ha sido fácil ya que la Comisión Europea establece en su informe -incluso se llegó a decir que tenía un componente de carácter psicológico- que en ningún caso iba a permitir que tuviera un tratamiento diferenciado desde el punto de vista jurídico de lo que puede ser una ETT normal. También se ha hablado -quizá salga posteriormente en el debate- del caso de otros países, se ha dicho que en otros países, concretamente en el caso de Bélgica, se permiten cosas que aquí el real decreto-ley no contempla, etcétera. Nosotros hemos explicado una y otra vez que teniendo como tienen estos países hechos diferenciados, el punto final es para todos el mismo. Esto lo ha recalcado la comisaria de Transportes de una manera contundente cuando mantuvo la reunión con los sindicatos. Sea cual sea la situación inicial de estos países, el objetivo final del proceso es el mismo para todos y es en el que está España a través de este real decreto-ley, y no se va a permitir ningún hecho diferenciador en el proceso. Por otro lado -lo digo por si más tarde sale en el debate-, está la subrogación a la que se ha hecho referencia en un comunicado en esta última semana dentro del reglamento de servicios portuarios, dándose a conocer que este reglamento permitía la subrogación. Me gustaría aclarar, por si abordamos este punto en el debate, que siendo esto cierto, también lo es que dentro de ese reglamento se recoge una frase en la que se excluye de una manera concreta el sector de la estiba en esta cuestión. Además de todo este proceso de negociación y diálogo, ya desde el mes de enero y antes de la presentación del decreto hemos mantenido un diálogo abierto con numerosos representantes de los grupos políticos, muchos de los cuales están aquí presentes. Quiero agradecerles a todos sinceramente la disposición que han tenido siempre para poder hablar con nosotros y para poder compartir sus opiniones. Hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimas horas a mantener esos encuentros, esas conversaciones, y permítanme que saque una conclusión especial y es que en ninguna se ha abordado un asunto concreto del contenido del real decreto-ley que hubiera que modificar o eliminar, sino que se ha ido a otro tipo de consideraciones, algunas, por desgracia, ajenas al contenido del real decreto-ley. En ningún caso se ha entrado a fondo en la necesidad de modificar o eliminar alguno de los contenidos de este real decreto-ley. En esa situación, también me gustaría destacar que la presencia de la comisaria en esta Cámara fue importante para poner de manifiesto la ratificación del proceso que ha llevado a cabo el Gobierno y la necesidad de la convalidación por parte de los grupos políticos. ¿Qué contiene el real decreto-ley? El real decreto-ley es muy sencillo, no tiene prácticamente nada en lo relativo a la estructura, por eso insistimos una y otra vez que no va más allá del estricto cumplimiento de la sentencia, porque no entra en otro tipo de consideraciones, simplemente acata esa sentencia en sus términos y por eso solo tiene cuatro artículos. El primero de ellos establece el objeto del real decreto-ley; el segundo establece el estricto cumplimiento de la sentencia, es decir, la no obligación de las empresas a participar en el capital social y la libertad de contratación por parte de los trabajadores; el tercero define los requisitos de capacitación para que sean objetivos y transparentes, que no son otros que tener una titulación académica en formación profesional o el reconocimiento de la experiencia profesional a través de un certificado de profesionalidad que está regulado en el decreto ya existente, o alternativamente -y esta es una de las cuestiones que se consiguió obtener de la Comisión Europea- poder acreditar cien jornadas de trabajo en el servicio de manipulación de mercancías, lo cual permitiría ofrecer garantías para aquellas personas que en estos momentos en España estuvieran en el sector y no pudieran acreditar los certificados anteriores; es decir, se daba una salida al cien por cien de los actuales trabajadores. Por otro lado, el artículo 4 establece la creación de esos centros portuarios de empleo a los que me he referido. Además, he de indicar que se han incluido algunas cláusulas de flexibilización. Una de ellas, por ejemplo, ha sido el periodo de transición. Inicialmente se planteó hacerlo en siete años y la Comisión dijo que no. Finalmente, en un último esfuerzo, se fue a un periodo de transición de cuatro años y la Comisión nos escribió diciendo que no iba a permitir cuatro años, que solo iba a admitir un máximo de tres años, que en el año 2016 no se podía llevar a cabo ninguna decisión de modificación legal dada la situación en la que estaba el Gobierno, pues no se habían adoptado las medidas contempladas en la sentencia y por lo tanto entendía que era un año que ya había transcurrido. En consecuencia, solo se permitía un periodo de transición de tres años. Por último, una cuestión importante es la asunción por parte de las autoridades portuarias de todo lo que tiene que ver con los pasivos laborales de los trabajadores; esto sirve precisamente para estimular la incorporación de esos trabajadores al sector empresarial y para que no exista una pérdida de competitividad en relación con otras empresas que en el futuro puedan llegar a los puertos, asumiendo como asumen las autoridades portuarias ese fondo y teniendo capacidad de maniobra para atender esas obligaciones sin condicionar los niveles de inversión que están incluidos en los puertos. Y aquí sí me gustaría hacer una mención, porque así como he dicho que ninguno de los grupos entraba en ninguna de las consideraciones en relación al contenido del real-decreto ley, sí es cierto que hubo un grupo que hizo una muy concreta sobre si tenían que ser o no tenían que ser las autoridades portuarias las que tuvieran que hacer frente a estas obligaciones o, por el contrario, tendría que ser otro organismo o ente perteneciente al Estado. Esta fue la única consideración que en este sentido se ha recibido. Con ello la Comisión Europea, en su visita a España a través de la comisaria del 6 y 7 de marzo, instó al cumplimiento de esa sentencia, instó a la convalidación del real-decreto ley y alertó sobre las consecuencias de la no convalidación. Y además puso una fecha, que no la puso el Gobierno, y es que así como entendía que había detenido el reloj para esa primera parte de la multa que ya está corriendo hasta que se consiguiera aprobar de forma definitiva el real-decreto ley, también indicó que ese reloj se volvería a poner en marcha a partir del 24 de marzo. Por lo tanto, en esa fecha volveremos a estar haciendo frente cada día a una multa como consecuencia del incumplimiento de la sentencia. Ahora diré unas palabras que creo que son importantes en torno a la negociación colectiva. Desde el primer momento el Gobierno, por un lado, ha hecho los deberes en cuanto a la necesidad de cumplir con la sentencia; y, por otro lado, ha instado a que sindicatos y patronal se sentaran a tratar todos los asuntos relacionados con la negociación colectiva, teniendo en cuenta además que el real-decreto ley establece un plazo de hasta un año para llegar a un acuerdo en el marco de esos convenios colectivos. El marco de la negociación colectiva es, sin lugar a dudas, el lugar adecuado para poder llegar a un acuerdo tal y como sucede con cualquier otro sector económico en este país, es el lugar donde se llega a los acuerdos entre los sindicatos y la patronal. Quiero en este punto agradecer especialmente la tarea incansable que ha hecho el Ministerio de Empleo y su ministra aquí presente, que ha dedicado muchas horas y muchos esfuerzos para facilitar esa negociación colectiva; desde luego este ministro lo agradece de manera especial porque a lo largo de todo este proceso, que no ha sido sencillo, ha arropado a nuestro ministerio con su ayuda, con su colaboración y la de todo su equipo. Y también deseo agradecer la labor del mediador, que comenzó como una tarea difícil y terminó siendo imposible. De que se tornara imposible ya nos encargamos todos. Me gustaría mencionar que, aunque en esa mesa se han producido diálogos y se ha alcanzado algún acuerdo con carácter general, había dos elementos que desde el principio hacían imposible que se firmara un acuerdo concreto. El primero tenía que ver con la existencia probada -no es una opinión- de bajos rendimientos en los diferentes puertos. De esto el ministerio tiene acreditada una larga lista de información que proviene de los propios puertos en relación con la reducción de rendimientos; con las pérdidas que se han producido en las diferentes autoridades portuarias, por ejemplo, a razón de 5 millones de euros diarios en una parte importante del mes de febrero; con los desvíos de buques a otras terminales; con la situación a la que han tenido que hacer frente muchas de las empresas, y algunas lo han hecho público y lo han transmitido, es el caso de Algeciras, el caso de Maerks, donde se ha producido un desvío y una reducción de la actividad cercana al 30 %. Por otra parte, me gustaría señalar que esta empresa ha garantizado en un comunicado la continuidad en el empleo y con las actuales condiciones de trabajo para la totalidad de los trabajadores, tal y como ha manifestado de forma pública. En otras se han producido reducciones del movimiento de contenedores; en definitiva, incrementos de costes asociados a esos bajos rendimientos; aumento también de los fletes para las mercancías con origen o destino en España y una situación complicada que ya ha producido un daño no menor al conjunto de la economía. Esta situación que se estaba dando representaba un obstáculo para una parte de la mesa de negociación, que era la que estaba sufriendo esa acción. Pero sobre todo el mayor obstáculo -he de decirlo con claridad- era que desde los primeros momentos se anunciara públicamente la posición negativa a convalidar este real decreto-ley por parte de algún grupo político. Esto es una cosa muy sencilla de comprender, y ustedes lo entenderán muy bien: si ustedes estuvieran en una situación de monopolio como la que tiene en estos momentos el sector de la estiba -no es porque lo diga yo, es así y además así ha sido descrito también por las autoridades europeas- y los grupos con su posición les están trasladando que pueden conservar esa situación, ¿por qué tendrían que realizar ninguna cesión? No tiene mucho sentido; si estás en una situación en la que tienes garantizadas una serie de condiciones, ¿para qué vas a dar un paso hacia una pretendida búsqueda de otros aspectos como puede ser el mantenimiento del empleo si en estos momentos puedes tenerlo todo? Porque esa posición les garantiza el cien por cien de las condiciones asociadas a esa situación. Este bucle endiablado que se ha producido cuando el 'no' provocaba que no se dieran pasos adelante en la mesa y no dar pasos adelante en la mesa avalaba la posición del 'no' nos llevaba inevitablemente hacia la presentación del real decreto-ley en los términos en los que está. De la misma manera son muchas las voces que han dicho que si se hubiera aprobado antes o si se aprobara hoy el real decreto-ley y se convalidara definitivamente, la negociación sería inmediata porque en esas condiciones seguro que ya se podría atender a lo importante, que es el mantenimiento del empleo. Y a todo esto, está la sanción de 134.000 euros diarios que recaerá en el conjunto de los españoles. Lo que está claro es que ha habido tiempo más que suficiente para poder cerrar un acuerdo en términos que garantizara para todos el mantenimiento del empleo. Como esto no se ha producido, como ese acuerdo finalmente no se ha producido, el Gobierno ha planteado un documento en el que precisamente se pretenden varias cosas, pero la esencial es el mantenimiento del empleo. Como esa situación anunciada de que este real decreto-ley podía no salir adelante condicionaba claramente que una parte de la mesa diera un paso hacia delante para poder cerrar un acuerdo, ha sido el Gobierno el que, en un esfuerzo más, después de haber retrasado una semana la aprobación de este real decreto-ley en Consejo de Ministros, después de haber retrasado también la convalidación de este real decreto en esta Cámara, dio un paso con la presentación en el día de ayer por parte del Gobierno -cuya presencia, según el mediador, había sido ya anunciada el día anterior- de un documento que tiene cuatro puntos esenciales. El primero es la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores portuarios. Este asunto, que indudablemente preocupará como no puede ser de otra manera a los sindicatos, que preocupa al Gobierno, y estoy seguro también de que preocupa a todos los grupos políticos, se establece de la siguiente manera: las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, cuando dejen las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios, las Sagep, se subrogarán como nuevas empleadoras en la titularidad de la relación laboral, así como en los derechos y obligaciones que se determinen en la negociación colectiva que las Sagep tienen con respecto a los estibadores portuarios vinculados a las mismas. Se entenderá igualmente producida la subrogación cuando el trabajador portuario se incorpore a un centro portuario de empleo creado por las mencionadas empresas titulares de las licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías. Las condiciones en las que se llevará a efecto la subrogación, esto es, las obligaciones y derechos de los trabajadores portuarios subrogados y de las nuevas empleadoras, se determinarán en el convenio colectivo sectorial de ámbito estatal. En defecto de acuerdo el nuevo empleador quedará subrogado en los derechos y obligaciones salariales y de Seguridad Social. Por su parte los criterios de distribución de la plantilla total de estibadores portuarios entre las distintas empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, de las Sagep que estén operando en el respectivo puerto, se determinarán en los convenios colectivos de cada puerto. En el supuesto de que las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías decidan permanecer en las Sagep, y que por consiguiente no se produzca la subrogación, la titularidad de la relación laboral no se verá afectada. En igual sentido tampoco se verá afectada la titularidad de la relación laboral en el caso de los trabajadores portuarios contratados en régimen laboral común por los titulares de las licencias del servicio de manipulación de mercancías pertenecientes a las Sagep. Y sin perjuicio de lo anterior y de la libertad de las partes para determinar el contenido de los convenios colectivos por supuesto, en los convenios colectivos del sector de la estiba habrán de articularse medidas concretas de flexibilidad interna que permitan hacer frente a las oscilaciones de la demanda en las empresas estibadoras preservando el empleo. Es decir, señorías, la garantía del mantenimiento del cien por cien del empleo. Hay un segundo punto en el que se trata de garantizar la productividad de los puertos de manera acordada entre organizaciones sindicales y empresariales; aquí el sector empresarial considera que debe tener la capacidad de organizar su trabajo, el trabajo de su empresa, lo cual parece razonable. En tercer lugar, están las ayudas, porque además de esa garantía establecida en el primer punto, en esta propuesta que se ha puesto encima de la mesa se establecen una serie de ayudas a los trabajadores portuarios. El acuerdo dice lo siguiente -creo que es importante para tener en cuenta, en lo que a la convalidación del real decreto-ley se refiere-: La supresión del anterior régimen de gestión de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías llevará asociada, en aras de facilitar un proceso de tránsito ordenado, la concesión de ayudas públicas a los trabajadores que voluntariamente rescindan su contrato, ya sea por razón de su edad o de los perjuicios que se deriven en su caso de la adaptación a derecho interno de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, podrán acogerse los estibadores portuarios a quienes resten sesenta meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria a la fecha de convalidación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del tribunal. Asimismo se garantizan a los trabajadores acogidos a estas ayudas las cotizaciones necesarias a la Seguridad Social, que se harán efectivas mediante la firma de los correspondientes convenios especiales hasta la edad legal de jubilación. Los trabajadores por supuesto interesados se tienen que acoger voluntariamente, y deben manifestarlo individualmente. Y por último, dichas ayudas consistirán en un subsidio equivalente al 70 % del promedio de las percepciones salariales por todos los conceptos correspondientes a los seis meses anteriores a la baja, al 70 %. Quiero señalar que este esfuerzo importantísimo que hace el Gobierno contribuye a facilitar ese acuerdo y por supuesto esa garantía del cien por cien del mantenimiento de los puestos de trabajo, y que es un esfuerzo muy importante. Por último, hay un cuarto punto que para nosotros es importante y creo que también para sindicatos y patronal lo es, que es la constitución de una comisión de seguimiento. ¿Por qué es importante? Porque eso garantiza a las partes que el Gobierno va a estar ahí, que este no es el final de ningún proceso, que va a controlar y va a hacer un seguimiento para que se respeten todos y cada uno de los acuerdos que finalmente se firmen. Y por eso el Gobierno tiene la voluntad de constituir esa comisión, para garantizar que se cumplen todos y cada uno de los compromisos adquiridos. Por lo tanto tenemos que decir que con esta propuesta de acuerdo que debiera cerrarse en esa mesa, que tendrá que tener la disposición normativa que tenga que tener en los términos en que se acuerde para dar cumplimiento a lo que se llegue en esa mesa, repito, se ha planteado esta propuesta con esa garantía de mantenimiento del cien por cien del empleo. Somos perfectamente conscientes -porque además hay muchos medios de comunicación que hoy lo están trasladando, lo hemos escuchado en la radio y lo hemos leído en algunos periódicos- de que este esfuerzo que se hace por parte del Gobierno tiene un carácter extraordinario; algunos critican que sea un esfuerzo que pueda generar cierta discriminación hacia otros trabajadores, que el Gobierno -así se dice- está yendo mucho más allá de lo que debería, que está haciendo más de lo que debería hacer, y yo no sé si esto es cierto o no es cierto, pero lo que sí sé es que con este esfuerzo se consigue esa garantía y que desde luego es un esfuerzo sin precedentes del que no disfruta ninguno de los otros trabajadores del sector privado, que tienen unas condiciones completamente distintas. Y si lo hacemos es porque estamos convencidos de ello, si lo hacemos es porque realmente pensamos que ese esfuerzo facilita muchísimo que se pueda alcanzar ese acuerdo, y si se convalidara hoy ese real decreto-ley en los términos en que está recogido o en términos muy similares, con ese acuerdo si no se pretende otra cosa que no sea el mantenimiento del empleo, hay una garantía absoluta para que la reestructuración se produzca con esa tranquilidad por las distintas partes. Por lo tanto, señorías -voy acabando-, estamos ante un real decreto-ley que, en primer lugar, cumple con el tratado de funcionamiento de la Unión, y esto, aunque no lo he mencionado, también tiene relevancia, porque como país es nuestra obligación hacerlo, como país estamos obligados a evitar esa segunda condena al Reino de España. Esto de cumplir la ley creo que es compartido por todos, debe ser compartido por todos, por tanto estamos ante la necesaria disposición de un instrumento legislativo que evita una sentencia al Reino de España. En segundo lugar, este real decreto-ley va a dar estabilidad al sector, y esto es importante, porque he dado algunos datos de lo que está sucediendo en los puertos, pero esto no es lo más preocupante siendo como es grave y preocupante, sino que lo preocupante son los desvíos, hasta el momento transitorios, que en algunos casos se pueden tornar definitivos, porque con ello se produciría la pérdida en este caso sí definitiva del empleo, porque si alguna de estas grandes empresas decide deslocalizarse y decide utilizar otros puertos donde tenga mejores situaciones, más competitivas o donde no haya conflictos simple y llanamente, produciría un problema para el conjunto de la economía del país. Por ello seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad para que esas situaciones no se den en los puertos y para que se produzca el funcionamiento ordinario y no se afecte a las distintas empresas que en este momento están operando. En tercer lugar, porque evita la multa, señorías. Este argumento es muy sencillo también de entender. Si esta Cámara no aprueba una modificación legal cae la multa, y si cae la multa son 134.000 euros cada día. Hagan ustedes el equivalente que quieran hacer con educación, servicios sociales y sanidad, con la incorporación que quieran hacer de puestos de trabajo o cualquier otro asunto, es mucho dinero del conjunto de los españoles y lo vamos a pagar el conjunto de los españoles. Por tanto hay razones de urgencia para evitar esa multa. No es una urgencia voluntaria del Gobierno, es una urgencia que la propia comisaria ha expuesto con claridad en esta Cámara, es muy importante hacerlo y hacerlo rápido, ha alertado de cuáles son las consecuencias, y nosotros hemos mantenido desde el principio un diálogo permanente desde hace ya más de dos años, y una reiterada voluntad del Gobierno para que se alcanzara un acuerdo. Una y otra vez hemos hecho esfuerzos, una y otra vez para que se alcanzara ese acuerdo, por supuesto dentro de los márgenes y los límites que tenemos marcados por la Comisión Europea. Para nosotros es tan importante como lo anterior cumplir la sentencia, dar garantías para el mantenimiento del empleo, y estamos absolutamente convencidos de que eso es perfectamente viable con la propuesta que el Gobierno ha formulado y con el conjunto de ayudas que desde el Ministerio de Empleo se han puesto encima de la mesa y que tendrán que ser articuladas todas ellas con el rango que tengan que tener a través del propio Ministerio de Empleo. Ayer, y ya con ello sí finalizo, escuchamos del presidente muchas cosas sobre reformas, competitividad, el paro, las personas que no tienen acceso al mercado laboral y la igualdad de oportunidades, pero estamos ante la necesidad de cumplir la sentencia y con un compromiso por el mantenimiento del empleo como probablemente no ha habido otro, al menos en nuestra historia reciente, para un sector de la economía de nuestro país. Por tanto, decir hoy sí a esa convalidación es cumplir con nuestra obligación como país y es evitar que se produzca una multa muy importante que tendrá que pagar el conjunto de los españoles de su bolsillo. Por supuesto es favorecer que nuestras empresas en España puedan contratar libremente, porque votar no y evitar que se produzca la ruptura de ese monopolio al que estamos obligados por la sentencia significaría mantener la imposibilidad de esas empresas para poder contratar con libertad, y también para que otras personas que están en situación de desempleo tengan la oportunidad de poder acceder a ese trabajo y que se puedan mantener las condiciones laborales. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de mantener otra serie de condiciones que están asociadas a la situación de monopolio, pero que no son las del mantenimiento del empleo, entonces estamos hablando de otra cosa distinta. El Gobierno lo que está haciendo, por un lado, es ofrecer un real decreto-ley que da respuesta a más de veinte o treinta diferentes encuentros con la Comisión Europea y que cumple con la sentencia y que debemos hacerlo con urgencia, y por otro lado, ofrecer una propuesta de mantenimiento en el empleo que da tranquilidad al sector y que consigue mantener un proceso y un proyecto de reestructuración con esas plenas garantías. Si de lo que se trata, insisto, es de mantener otra serie de condiciones asociadas a la situación actual entonces evidentemente el Gobierno no está en estos momentos por eso. Parece ser, me decía uno de los diputados, que no son treinta y siete o treinta y nueve años los que han transcurrido desde que no se aprobara un real decreto-ley, y que en 2006 hubo un caso de una no convalidación de un real decreto-ley. No sé si esto es así o no es así. No recuerdo si se ha producido o no se ha producido. Confío en que no se produzca. En fin, nosotros lo que sí tenemos claro es que, aunque ese hecho se produjera, y no es lo más agradable que le puede suceder a uno, sobre todo cuando acaba de empezar una legislatura,... [[Rumores]]
ParlaMint-ES_2017-03-16-CD170316.u111	Pasamos a continuación a votar el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación, ahora con la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2014, así como la resolución adoptada por dicha Comisión. Comienza la votación.[[Pausa]] Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 347 más 2 votos telemáticos, 349; a favor, 345 más 2 votos telemáticos, 347; abstenciones, 2.
ParlaMint-ES_2017-03-16-CD170316.u112	Queda aprobado el dictamen. Se levanta la sesión. Era la una de la tarde.
